Insuficiente oferta de televisión; consultados urgen a licitar nuevas cadenas

El 22 de diciembre la COFETEL dio a conocer los resultados de la “consulta” sobre la licitación de canales de televisión abierta a la que convocó el pasado mes de octubre. Si bien el carácter de esta consulta no es vinculante, los resultados son trascendentales; la mayoría de los consultados se manifiesta en contra de la concentración, cree que la oferta de la tv abierta es insuficiente y opina que debieran licitarse más cadenas de televisión.

La consulta pública abarcó catorce temas entre los que destacan: suficiencia de oferta de TV abierta, suficiencia de mercado publicitario para nuevas empresas; pertinencia de lcitaciones de TV abierta ante cambios tecnológicos;  viabilidad financiera de una “cadena” de televisión digital; número de “cadenas” que deberían licitarse y restricciones al número de “cadenas” que un mismo oferente pudiera obtener; entre otros.

Cabe destacar que los participantes fueron clasificados en cinco rubros: académico, de quienes se recibieron 45 cuestionaros; ciudadano, donde se incluye a las asociaciones relacionadas con la radiodifusión y las telecomunicaciones, de quienes se recibieron 360 cuestionarios; comercial 13 cuestionarios; potencial inversionista, 16 cuestionarios y productor independiente de contenidos, 17 cuestionarios.

En la consulta la mayoría se pronunció a favor de la licitación de televisión abierta, 89.3% específicamente; sobresalen los altos porcentajes del sector académico (93.3%), ciudadano (90.2) y el de los productores independientes (94.1%), y no sólo por la licitación de una cadena, sino hasta de dos (81.8%) y de cobertura nacional o bien, una cadena de cobertura nacional y varias de cobertura regional.

Respecto a la oferta de la televisión abierta, el 90.2% de las personas consultadas considera que es insuficiente, destacan en esta pregunta los sectores de potencial inversionista y productor independiente, pues el 100% en ambos casos se pronunció por el no, mientras que tan solo el 9.4% del sector ciudadano dijo que sí.

La Cofetel preguntó que en caso de licitarse dos cadenas si deberían imponerse restricciones al número de cadenas que un solo oferente pudiera obtener, 76% dijo que así debiera ser.

Finalmente 86.7% consideró que existe mercado publicitario suficiente para hacer rentable la operación de nuevas empresas de televisión abierta y el 88.6% opinó que la producción independiente de contenidos no tiene suficientes canales de distribución en el mercado actual.

Al darse a conocer los resultados de la consulta, se han exceptuado los datos personales de quienes participaron lo cual ha generado cierta inquietud. Irene Levy, presidenta de Observatel ha comentado que “fue una tomada de pelo, no se trató de una consulta pública, fue una simple encuesta y no es posible que no se quieran dar a conocer toda la información que arrojó ese ejercicio” y ha solicitado a través del IFAI se hagan públicos en su totalidad, con nombre y apellido, los datos obtenidos.

Como ya se ha comentado, esta consulta no tiene carácter vinculante, es decir que la Comisión Federal de Telecomunicaciones no tiene la obligación de tomar en cuenta las expresiones de quienes participaron, lo anterior, por supuesto, tampoco ha sido bien recibido por parte de especialistas,  quienes consideran primordial hacer caso de las recomendaciones. Habrá que dar puntual seguimiento para saber si la COFETEL tomará en cuenta el punto de vista de los 451 participantes.

Proponen creación de grupo de trabajo para discusión de TDT y la impugnación de multiprogramación

El presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), Mony de Swaan, se presentó ante la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados en una comparecencia en la que el comisionado defendió el multiplexeo y en donde diputados propusieron la creación de un grupo de trabajo para la discusión del tema Televisión Digital Terreste y donde se hizo pública la intención de impugnar la multiprogramación.

Mony de Swaan aprovechó para enlistar los “logros” de la COFETEL, así como para explicar las bondades del multiplexeo y destacó que éste no implicaba el uso de más espectro, tampoco implicaba el cambio en los títulos de concesión. Insistió en que multiplexar no concentra más espectro en menos manos, la concentración es pre-existente y no producto del multiplexeo, además de que éste “no es un acto discrecional sino administrativo”.

Por su parte, el diputado Francisco Hernández Juárez, del Partido de la Revolución Democrática expresó que le parecía inexplicable que Cofetel permitiera a concesionarios de televisión abierta explotar el espectro radioeléctrico sin demandar una contraprestación en  abierta rebeldía a lo establecido en la carta magna y a las decisiones de la SCJN.

El diputado Hernández Juárez explicó que  antes de permitir la multiprogramación es necesario diversificar la oferta de contenidos, romper la estructura monopólica de la televisión abierta y retirar los apoyos de los aliados del gobierno federal pues el trato diferencial es claro.

Gerardo Flores, diputado del Partido Verde Ecologista expresó que la comparecencia es una muestra de la falta que cometió la COFETEL al informar de manera poco clara a la población y lamentó que el comisionado presidente hablara de temas para los que no fue convocado, además de que las respuestas que éste había dado eran parcialmente satisfactorias. Conminó a la autoridad a hacer un esfuerzo más amplio para informar de manera clara a la sociedad pues había confusión en términos.

El diputado Javier Corral quien solicitara desde el inicio de la comparecencia la posibilidad de un debate acusó al Presidente de la Cofetel de querer confundir el término de multiplexeo y  multiprogramación: “el multiplexeo es intrínseco a la política digital, lo que están autorizando son canales adicionales, multiprogramación y eso no está permitido ni por la política de televisión digital, ni en la sentencia de la SCJN”.

El diputado de Acción Nacional calificó la multiprogramación como uno de los nuevos regalos de un órgano regulador a los concesionarios  de televisión y sostuvo que la decisión es contraria a la constitución, a la política digital de 2004, a la sentencia de la SCJN 26/2006, así como a lo que la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha señalado en resolución sobre los usos determinados en radiodifusión y sobre uso exclusivo del canal digital como canal espejo del canal analógico (simulcasting). “Los canales digitales que fueron otorgados como espejo para la transición digital únicamente y exclusivamente estuvieron autorizados para el simulcasting no para el multicasting” comentó.

Mony de Swaan argumentó que era absurdo pensar que un país pueda permitir el multiplexeo y no la multiprogramación pues son inherentes e insistió en que no había cambios en los títulos de concesión, ante la insistencia de los legisladores sobre el cobro de una contraprestación dijo que se podía hacer siempre y cuando se cambiara la ley desde el Congreso: “si ustedes quieren cobrar por la multiprogramación para un mismo servicio lo pueden hacer, pero hay que reformar la ley, nuestro marco actual no lo permite.” El presidente de Cofetel aprovechó también para llamar la atención de legisladores al acusarlos de rehuir el debate sobre Televisión Digital Terrestre, a diferencia de otros países.

Corral propuso la creación de un grupo de trabajo público para la discusión de Televisión Digital Terrestre con el objetivo de echar abajo la decisión de la multiprogramación y demandó al Congreso iniciar cuanto antes una controversia constitucional por invasión de facultades en el acuerdo de multiprogramación de la COFETEL, por supuesto, dijo “si en esta cámara también hay representantes populares que vigilen y custodien el interés público y no solamente el interés de las grandes empresas de telecomunicaciones o de radiodifusión.”

Aquí nomás… posteándole a la vida.

Soy novata en estos andares, y escribir, confieso, no es una de mis virtudes. Lo hago siempre que puedo y la inspiración toca a la puerta, aprovecharé este espacio para ir subiendo algunos textos que he escrito para la revista en la que colaboro http://www.escrutinio.mx (por cierto, aprovechando: aconsejo le echen ojo, periodismo joven y crítico, no lo digo por mi… -o sólo por mi- sino por quienes ahí escriben, verán, no se van a arrepentir)

¡Descubriéndo(me)!

Heme aquí, sucumbiendo al blog, luego de años de haberse inventado este poderoso instrumento liberador. ¿Motivo? Saber si la inspiración se posará por este lugar algún día.

Este espacio habrá de ocuparse para el desahogo…

Salud…os!

Publicidad oficial y radios comunitarias

El pasado 13 de julio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó un precedente en cuanto a medios comunitarios y publicidad se refiere. Determinó que la radio comunitaria La Voladora de Amecameca de Juárez no debe ser discriminada por dependencias del gobierno para la asignación de publicidad oficial.

Lo anterior, luego de que el 30 de octubre de 2009 La Voladora, solicitara a la Secretaría de Salud (SSA) que contratara publicidad oficial con ésta, a lo que la dependencia respondió de manera negativa argumentando que para la difusión de sus mensajes se buscaban medios con amplia cobertura y La Voladora  “no cubre las expectativas de difusión de la Secretaría de Salud para lograr sus objetivos y aunque cuenta con registro, se encuentra en etapa de proyecto.”

La respuesta motivó a la radiodifusora a ampararse contra la negativa de la SSA ante el Juzgado Noveno de Distrito en materia administrativa del D.F, sin embargo éste resolvió negativamente, por lo que asesorados por Litiga OLE y AMARC México, interpusieron un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado que finalmente los remitió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien decidió, el pasado 2 de febrero, atraer por razones de interés y trascendencia el caso.

Lo anterior fue tomado como una señal positiva por la posibilidad de sentar precedente en materia de publicidad oficial en medios comunitarios en nuestro país, en donde carecemos de una regulación rigurosa de ésta y en donde históricamente los medios comunitarios han sido relegados.  En México lejos de garantizar los medios comunitarios como lo mandata el artículo 2 de la Constitución, éstos han tenido que sobrellevar la falta de reconocimiento, la criminalización y el acoso judicial además de la imposibilidad de acceder a recursos económicos mediante publicidad, incluyendo la oficial.

El pasado 28 de junio, organizaciones como Article 19, Fundar, Alianza Regional para la Libertad de Expresión e Información, entre otras, presentaron un documento que con argumentos jurídicos solicita se resuelva el amparo a través del interés público y conforme a los tratados internacionales además de “determinar que la autoridad responsable actuó de forma arbitraria y discrecional, violentando el derecho a un trato igualitario y no discriminatorio en la asignación de publicidad oficial, vulnerando así el derecho a la libertad de expresión de La Voladora, así como el derecho de su audiencia a allegarse de la información útil para el ejercicio de otros derechos como el derecho a la salud.”

En este contexto el 13 de julio la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, otorgó el amparo a La Voladora en un fallo en donde se argumentó que la negativa de la Secretaría de otorgar publicidad a la radiodifusora se apoya en “medidas de restricción que carecen de razonabilidad e impiden el ejercicio pleno del derecho de expresión e información”. Esta decisión ha sido considerada como un avance mundial para la libertad de expresión, las radios comunitarias y la asignación democrática de la publicidad oficial.

A este fallo habrá que agregarse otro que contribuye al avance en el reconocimiento de las radios comunitarias, el de su inclusión, el pasado 11 de julio, al reglamento del Comité de Radio y Tv del Instituto Federal Electoral. Si bien esta desición fue impugnada por concesionarios de la CIRT, la resolución de la SCJN sienta un precedente importante que tendrá que tomar en cuenta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

¿Quién defiende al mensajero?

El tiempo transcurre y en nuestro país el panorama para los periodistas parece cada día más desolador sin que el gobierno tome medidas adecuadas para salvaguardar el ejercicio periodístico. A los daños colaterales de la llamada “guerra contra el narco” habrá que sumarle la muerte y el constante acoso que sufre  la prensa en toda la República.

Nuestro país es el más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina, según informes del relator especial para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas, Frank La Rue. Impunidad y corrupción son dos de los principales problemas que merman la labor periodística en México.

Esta ocasión tocó el caso a Notiver, el diario de mayor circulación en el estado de Veracruz. El 20 de junio fueron ejecutados Miguel Ángel López Velasco, subdirector y columnista y su hijo, el fotógrafo Misael López Solana.

A estas ejecuciones le siguió la de Yolanda Ordaz quien cubriera la fuente policiaca. Su cuerpo fue hallado decapitado luego de que desapareciera por 48 horas.

A estos casos les antecede lo ocurrido en 2007 cuando una cabeza humana fuera arrojada a las puertas del diario con una nota “este es un regalo para los periodistas, van a rodar más cabezas y Milo Vela lo sabe muy bien”

Lamentablemente el suceso no impidió que cuatro años más tarde la amenaza se cumpliera. Con el asesinato de Yolanda Ordaz suman 82 periodistas asesinados desde el año 2000, 11 de ellos en el estado de Veracruz, así como dos desaparecidos.

Si bien organizaciones como Articulo 19 y Cencos han registrado una disminución, en proporción, a los ataques a periodistas, lo cierto es que también las agresiones más graves han ido en aumento.  Habrá también que resaltar que el peligro latente bajo el que se desenvuelven los periodistas los ha orillado a la no denuncia cuando son agredidos y a la autocensura cuando se trata de informar.

El papel de las autoridades en estos casos ha dejado mucho que desear, hay total impunidad, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión ha dado nulos resultados, las autoridades locales han destacado por su incapacidad. Tan solo en Veracruz, luego de las amenazas y lo ocurrido a los miembros de Notiver, el procurador del estado, Reynaldo Escobar Pérez, fue criticado por sus desafortunadas declaraciones: “este caso nada tiene que ver con el ejercicio de la profesión de periodista” y además afirmó que habría indicios de posibles nexos de Yolanda Ordaz con la delincuencia organizada.

Lo anterior desató, por supuesto, las críticas del medio que ha exigido la renuncia del procurador y el total esclarecimiento de los hechos. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante comunicado, exigió al gobierno de Felipe Calderón esclarecer el asesinato de Ordaz, así como la creación de un mecanismo de protección para periodistas.

De esta manera se ha registrado un atentado más al ejercicio de la prensa, siendo Veracruz el que ha contado con más víctimas este año. Notiver ha informado que por lo menos cinco de sus reporteros han abandonado el estado ante la falta de garantías para proteger su integridad.

Cada vez son más voces las que se unen al reclamo de organizaciones como Artículo 19, Cencos, Fundalex, Cepet, para esclarecer los homicidios y atentados que cada vez con más frecuencias sufren los medios y sus colaboradores. Se ha exigido una y otra vez la colaboración de las autoridades y que se destinen más recursos para la implementación de programas para salvaguardar el ejercicio periodístico, sin embargo los organismos como la Fiscalía, creados para esclarecer los crímenes han sido señalados por constantes omisiones e incapacidad.

Al atentar contra el “mensajero” se atenta contra el mensaje y quienes debieran recibirlo, de ahí la importancia de actuar con rapidez para evitar que las agresiones se sigan llevando a cabo mermando así derechos básicos como la libertad de expresión y el derecho a la información.

Derecho de réplica a debate

A principios del mes de junio se dio a conocer a la opinión pública, ante las omisiones del legislativo, la intención del Instituto Federal Electoral de instrumentar los lineamientos para garantizar el cumplimiento del derecho de réplica estipulado en el artículo 233 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) que a la letra dice:

“3. Los partidos políticos, los precandidatos y candidatos podrán ejercer el derecho de réplica que establece el primer párrafo del artículo 6o. De la Constitución respecto de la información que presenten los medios de comunicación, cuando consideren que la misma ha deformado hechos o situaciones referentes a sus actividades. Este derecho se ejercitará sin perjuicio de aquellos correspondientes a las responsabilidades o al daño moral que se ocasionen en términos de la ley que regule la materia de imprenta y de las disposiciones civiles y penales aplicables.

4. El derecho a que se refiere el párrafo anterior se ejercerá en la forma y términos que determine la ley de la materia.”

Con la aprobación de la reforma electoral del año 2007 se incorporó a la Constitución, específicamente al artículo sexto, el derecho de réplica mediante el siguiente enunciado: “el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley”. Para enero de 2008 una vez que se publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación se estipuló que: “a más tardar el 30 de abril de 2008, el Congreso de la Unión deberá expedir la ley reglamentaria del derecho de réplica establecido en el primer párrafo del artículo 6° de la Constitución”. Nos encontramos en mayo del 2011 y los legisladores no han reglamentado nada a pesar de que han habido siete iniciativas al respecto, seis en la LX Legislatura y la última en la LXI presentada por el diputado Jaime Cárdenas.

La decisión de promover los lineamientos respectivos se dieron luego de una tesis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en donde resolviera que el IFE debía aplicar el artículo 233° del Cofipe, pues “una infracción al derecho de réplica implicaría una violación electoral que incide en los principios rectores de todo el proceso electoral”. El propio Tribunal ha determinado que el derecho de réplica no puede dejar de reconocerse a causa de una omisión del Poder Legislativo.

Ante lo anterior y habiendo un vacío en lo que respecta a la ley reglamentaria de este derecho, los consejeros se dieron a la tarea de promover la discusión y aprobación de lineamientos generales para con ello tutelar el derecho de réplica en materia electoral.

En este proyecto se establece, hasta el momento, que el derecho procederá cuando los afectados consideren que se han deformado hechos o situaciones referentes a sus actividades y en ningún caso procederá respecto de opiniones.

Las intenciones del IFE no han escapado de la polémica pues legisladores acusan al instituto de invadir funciones del legislativo. El senador Orozco Gómez ha declarado “tienen acorralado al IFE, en un rincón donde han abusado y mal entendido la autonomía del órgano electoral; ni a Hitler se le hubiera ocurrido algo así”, por su parte la CIRT calificó el proyecto de ilegal y como un claro intento de censura.

Cabe mencionar que el tema también ha generado apoyos entre los mismos legisladores quienes consideran que el Instituto Electoral si está en el ámbito de sus atribuciones. Diputados como Javier Corral han incluso solicitado a la CIRT “deponga esta actitud de embate, de resistencia, de socavamiento y de distorsión de la reforma electoral 2007-2008 que está en el fondo de sus posiciones, porque ésta afectó considerablemente los intereses comerciales o los ingresos económicos de las principales empresas de la radiodifusión en el país”

Alfredo Figueroa, presidente de la Comisión de Quejas del IFE y el consejero Benito Nacif, han dejado en claro que la intención no es ni reglamentar, ni construir una ley, simplemente establecer mecanismos para instrumentar el artículo 233, por lo que no están invadiendo en ningún momento las funciones del legislativo.

En caso de aprobarse los lineamientos establecidos por el IFE, a más tardar a finales de junio, sólo serían aplicables en materia electoral y quedaría aún pendiente la reglamentación de este derecho en el Congreso de la Unión, de tal manera que fuese aplicable no sólo a partidos políticos y candidatos, sino a todo ciudadano para la protección de su honor, imagen y vida privada.

Presentan plan de trabajo para la aprobación de la Nueva Ley de Medios

El pasado 8 de abril de 2010, legisladores del Partido Acción Nacional, del  Partido de la Revolución Democrática, entre otros, presentaron en ambas cámaras la Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos audiovisuales, dicho proyecto es uno de los más completos que integran en una sola ley la regulación a medios y telecomunicaciones. Desafortunadamente éste quedó en meras intenciones.

Varias han sido las veces que especialistas, académicos y organizacionesciviles han coincidido en exigir que se legisle en torno al marco regulatorio de los medios de comunicación, antecedentes como el Frente Nacional por una Nueva Ley de Mediosy más reciente el Encuentro Nacional por la Diversidad y la Calidad en los Medios de Comunicación son una muestra de la preocupación latente que existe al respecto.

Nuestro país cuenta con un marco legal desfasado en materia de medios, especialistas han señalado la falta de diversidad y la baja calidad en los contenidos, han acusado que el sector se encuentra secuestrado por intereses políticos y coyunturales, además de la alta concentración en la radio y la televisión (Televisa y Tv Azteca acaparan el 95% de todas las concesiones de tv abierta, según el legislador Javier Corral y Televisa es el principal concesionario de tv en nuestro país).

Ante el escenario anterior ha habido intentos por reformar la Ley Federal de Radio y Televisión pero han resultado fallidos. Hoy día no se ha podido legislar, siquiera, para empatar los criterios que la Suprema Corte de Justicia dictó al echar abajo la llamada Ley Televisa al declarar inconstitucionales varios de sus puntos medulares, tales como la subasta de concesiones y el refrendo automático.

El último de estos intentos y de los más completos, como ya se ha mencionado, es la Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales que al parecer sacarán de la congeladora en estos días según un documento presentado en la Cámara de Diputados bajo el título “Plan de trabajo para la elaboración el Dictamen con proyecto de decreto que crea la Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales”.

En el documento se plantean como objetivos: buscar los mayores consensos para la elaboración, discusión y aprobación del dictamen correspondiente, llevar a cabo consultas en el proceso de dictamen con actores del sector y lograr trabajo conjunto en Comisiones Unidas (Comisión de Gobernación, Comisión de Comunicaciones y Comisión de Radio y Televisión).

Para darle seguimiento a este plan de trabajo, que aún tiene que aprobarse en la Comisión de Comunicaciones, se nombró al diputado Arturo García Portillo (PAN), al diputado Eric Luis Rubio Barthell (PRI), a la diputada Adriana Sarur (@asarur PVEM), y a la dip. María del Pilar Torre (@pilytorre PVEM).

El documento contiene el siguiente calendario:

*25 de mayo al 7 de junio Presentación de propuesta de programa de trabajo en el que se contempla la recepción de comentarios y propuestas para su ajuste.

*8 de junio de 2011 Reunión de Trabajo de los Presidentes de las Comisiones de Dictamen (Gobernación, Comunicaciones, RTC)

*14 de junio de 2011 Programa de Trabajo definitivo. Ajustes al programa de Trabajo a partir e los comentarios y propuestas recibías.

*21 de junio de 2011 Integración e la Subcomisión de Dictamen con representantes de cada uno de los grupos parlamentarios en las Comisiones de Dictamen (Todo parece indicar que quien presidiría esta subcomisión es el diputado panista  Arturo García Portillo según diarios de Chihuahua).

*21 de Junio al 5 de julio habrá sesiones de Trabajo de la Subcomisión.

*8 de julio al 22 de julio Análisis y Consulta Externa con sectores involucrados, tales como autoridades, empresarios, medios públicos, organizaciones civiles (Cencos, Observatel, Al Consumidor, Amedi).

*25 de julio al 8 de agosto de 2011 Redacción final del Dictamen y la solicitud de opinión de la Comisión de Presupuesto y cuenta Pública.

*9 de agosto de 2011. Presentación del Dictamen al pleno de las Comisiones Unidas.

Habrá pues que estar pendientes, a pesar de que es un avance que se retome el tema, lo cierto es que el 2012 está a la vuelta de la esquina y como se sabe muchos intereses están en juego. El peso de la historia podría arrollar las esperanzas de quienes aún confían que en esta legislatura pudiera aprobarse una de las reformas de mayor calado en la historia de los medios y las telecomunicaciones.

Publicado en: http://www.escrutinio.com.mx/revista/medios/68/presentan-plan-de-trabajo-para-la-aprobacin-de-la-ley-de-medios.html

Ley de medios ¿hasta cuándo?

El 5 y 6 de abril la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), organizó un encuentro para discutir la situación de los medios como parte de un esfuerzo por conjuntar, voces ciudadanas y de especialistas, preocupados por la calidad y la pluralidad en los medios de comunicación.

El Encuentro Nacional por la Diversidad y la Calidad en los Medios de Comunicación reunió la voz de 140 participantes y especialistas de 18 estados de la República, quienes abordaron el escenario actual de los medios y realizaron propuestas en torno a una nueva legislación que promueva un escenario incluyente y plural de los medios electrónicos y las telecomunicaciones.

En el encuentro se exhibió la subordinación del Estado ante los poderes mediáticos, la concentración de medios en pocas manos (tan solo en televisión Televisa y TV Azteca cuenta con el 95% de las concesiones) y la abominación de estos medios a cualquier competencia, la mala calidad y la escasa oferta de los contenidos, la ausencia de voluntades para sacar adelante una reforma integral, así como la parcialidad de las autoridades regulatorias en la aplicación de sanciones.

Ante este panorama la AMEDI sintetizó las propuestas ahí planteadas en 33 conclusiones, de las cuales destacan las siguientes:

1. Urge se le de seguimiento a la propuesta de reforma integral presentada en abril de 2010 en el Congreso de la Unión, pues en esta se incluyen aspectos fundamentales como la limitación al acaparamiento de medios, la inclusión a la legislación a los medios públicos, reglas para la interconexión (tema tan traído y llevado con el conflicto Telmex vs Televisoras), sanciones más severas para quienes no cumplan la ley, licitación de más frecuencias y promoción de la producción independiente, entre otros.
2. La necesidad de una política de Estado que incluya como uno de sus ejes fundamentales la radiodifusión y las telecomunicaciones, en donde partidos y candidatos se comprometan a incluir propuestas para democratizar los medios de comunicación en sus plataformas políticas, dejando de lado la tentación siempre latente de congraciarse con los concesionarios.
3. La licitación de más cadenas de televisión. De acuerdo a los expertos, existen todas las condiciones técnicas para dos nuevas cadenas nacionales de TV.
4. Urgencia en la legislación sobre los medios públicos para darles certidumbre jurídica y se utilicen como espacios de pluralidad e independencia en donde no prive la emisión de mensajes propagandísticos y se privilegie su función social. Así como también reconocer y no criminalizar emisoras comunitarias, las cuales son un cimiento ineludible de la pluralidad que necesitamos.
5. Pagos justos en materia de interconexión. Se han visto los conflictos que se generan cuando no hay regulador (o éste se ausenta) que estipule un tope en las tarifas teniendo como referencia principal el beneficio de los consumidores.
6. Una agenda digital para conducir a nuestro país hacia la sociedad de la información, así como garantizar el acceso a Internet rápido y barato que se traduzca en mejores condiciones de vida para los ciudadanos.
7. Ir un paso adelante en transparencia. Resulta indispensable que el gobierno se conduzca con una política de comunicación social responsable, y transparente para que los ciudadanos sepamos cuánto monto invierte y en qué empresas. En este sentido, también es importante regular la propaganda gubernamental y prohibir la publicidad encubierta, de manera que no se propicie una relación onerosa entre políticos y medios.
8. El sistema de comunicación política debe cambiar. No más spots, y sí a formatos que contribuyan a la deliberación pública, debate y discusión de propuestas.
9. Reglamentar el derecho de réplica porque ello permitirá un ejercicio informativo más preciso, responsable y apegado a la realidad. También es relevante monitorear y observar los medios pues es indispensable que estos promuevan contenidos que reivindiquen derechos y que erradiquen tratos discriminatorios.
10. En cuanto a coberturas informativas es importante salvaguardar el trabajo periodístico, investigar y castigar las agresiones que sufren los periodistas y regirse bajo un código de ética serio y profesional alejado de la estridencia de las descalificaciones, el sensacionalismo o la espectacularización de la noticia.

La AMEDI dejó claro que los medios de comunicación pueden contribuir al fortalecimiento de la democracia, pero también a socavar sus cimientos.

Las propuestas planteadas por especialistas y miembros de la sociedad serán llevadas a los legisladores, y se espera que sean tomadas en cuenta en la discusión de una reforma sobre dichos temas.

Cabe resaltar que cada vez que se han dado diagnósticos y soluciones para enfrentar los problemas que permean el sector de la radiodifusión y las telecomunicaciones, las autoridades legislativas y Ejecutivo han hecho oídos sordos.

En reiteradas ocasiones, asociaciones como la AMEDI, Artículo 19, Cencos, la Fundación Buendía, entre otras, han invitado a la reflexión y se han acercado a los legisladores para trabajar con ellos propuestas para reivindicar el interés público al que se deben los medios, sin embargo, los esfuerzos no ha bastado para llamar la atención de legisladores que siguen apostando a la parálisis en el sector a menos que se trate de garantizar alguna canonjía a los poderes fácticos.

2012 está cerca y las precampañas comienzan a asomar, por lo que se presume difícil una discusión en torno a una legislación integral en la materia, pues en estos momentos los partidos no quieren quedar mal con los medios dominantes.

Las 33 propuestas están hechas, además de una de las iniciativas de ley más completa en esta materia (la Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales), por lo que está en manos de los legisladores llevarla a discusión al pleno y aprobarla, o continuar con el mismo esquema obsoleto y dirigido a beneficiar siempre a los mismos. ¿Hasta cuándo?

Integran Consejo Consultivo de Cofetel

El pasado 12 de abril fue instalado el Consejo Consultivo de la Cofetel luego de que el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Dionisio Pérez-Jácome, aprobara a los candidatos propuestos por el presidente del órgano regulador de las telecomunicaciones, Mony de Swaan.

La integración del consejo fue tomada como una señal positiva en el sector, luego de que tardaran 5 años en volver a contar con este órgano de consulta permanente de la Cofetel; éste está integrado por 28 miembros entre los que se encuentran especialistas en el sector, académicos, ex funcionarios y miembros de ong’s, entre los que destacan:

Alejandro Calvillo Unna, director de El Poder del Consumidor; Alejandro Pisanty Baruch, investigador de la UNAM; Alejandro Puente Córdoba, presidente de CANITEC; Antonio Morales de la Peña, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco); Carlos Casasús López-Hermosa, ex presidente de la Cofetel; Clara Luz Álvarez, ex comisionada de Cofetel; Ernesto Piedras, director general The Competitive Intelligence Unit; Fausto Alzati, consultor; Fernando Butler Silva, BHMC Consultores; Irene Levy, presidenta de Observatel; Jorge Álvarez Hoth, ex subsecretario de Comunicaciones de la SCT; José Carreño Carlón, académico de la Universidad Iberoamericana; Juan E. Pardinas, director del IMCO; Salma Jalife Villalón, ex comisionada de Cofetel; Santiago Gutiérrez Fernández, presidente de CANIETI y Tristán Canales Najjar, presidente de la CIRT.

Entre sus facultades se encuentra hacer recomendaciones a los tres poderes de la Unión sobre políticas públicas, proponer a la Comisión áreas y acciones que demanden atención prioritaria, presentar un programa anual de trabajo, proponer la elaboración de estudios al pleno de la comisión,  así como coadyuvar en la difusión de información sobre resoluciones y políticas públicas adoptadas.

El Pleno de la Comisión podrá consultar a éste órgano sobre temas específicos cada que así lo disponga. Los integrantes del consejo podrán presentar estudios relacionados a los proyectos o programas en calidad de sugerencia, tendrá reuniones periódicas y para cada asunto tratado deberá emitir recomendaciones que se someterán a la aprobación de la mayoría de los integrantes, en caso de que existieran posturas divergentes se harán del conocimiento de la Comisión.

Cabe resaltar que en su primera sesión, el consejo eligió como presidente a Carlos Casasús López quien estará al frente durante un año con la posibilidad de ser reelecto y quien se encargará de dirigir los debates al interior, así como de redactar informes con la postura de los consejeros.

De acuerdo a la información del presidente de la Cofetel, los miembros del consejo recibirán un pago de 15 mil pesos por cada sesión bimestral a la que asistan, aunque también mencionó que algunos e éstos han renunciado a este pago “simbólico”, su membresía será por dos años y deberán dirigirse con imparcialidad con respecto a las personas o empresas reguladas del sector.

La conformación de este consejo ha generado muchas expectativas pues no hay duda que, en su mayoría, son autoridades en la materia, se espera que la Comisión tome verdadera consideración de lo que ahí exponga cada uno aunque se haya determinado que “las opiniones, posturas y recomendaciones que formule el Consejo Consultivo serán preeminentemente prospectivas, serán facultativas y no tendrán carácter vinculatorio, ni para la Comisión, ni para sus órganos o funcionarios.”